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La Generalitat Valenciana está dispuesta a llevar su pulso con el Gobierno de España por el control de la costa hasta las últimas consecuencias. Ambas administraciones llevan tiempo enfrentadas por los deslindes que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica, y que en el caso de la Comunidad Valenciana abocan a miles de propietarios a la pérdida de la titularidad de sus viviendas en primera línea de playa.
Para contrarrestar la política restrictiva del Ministerio, el Gobierno valenciano ha sacado adelante su propia norma con la que pretende, en la práctica, tener la última palabra a la hora de autorizar o denegar cualquier concesión en la franja del litoral. Incluso si afecta al dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal.
El pleno del Consell aprobó este martes el anteproyecto de ley de protección y ordenación de la costa valenciana. El consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ya advierte de que el objetivo no es otro que ejercer el "autogobierno sobre la costa". El Ejecutivo valenciano del PP se escuda para ello en el Estatuto de Autonomía, que fija la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio, "incluido el litoral", según Martínez Mus.
El borrador del nuevo texto normativo, que deberá pasar ahora el trámite de los informes jurídicos pertinentes, deja claro en su articulado que "las autorizaciones y concesiones de dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre serán otorgadas por la Generalitat Valenciana". El dominio público marítimo-terrestre es la primera línea de playa cuya delimitación corresponde al Estado. Los inmuebles que queden dentro y se vean afectados por el deslinde no serán demolidos, pero pasarán a titularidad pública y pervivirán en régimen de concesión durante 30 años, prorrogables hasta 75.
El Ejecutivo de Carlos Mazón, que ha alegado contra los deslindes en municipios como Denia o Nules, quiere reservarse la opción de veto y decidir sobre la ocupación de esta zona, que en todo caso "deberá ser la mínima posible", según recoge el texto normativo. La ley, además, contempla que cuando una determinada área urbana quede dentro del dominio público marítimo-terrestre, "la Generalitat Valenciana instará del Estado, justificadamente, la modificación del deslinde y subsiguiente desafectación, conforme a la legislación estatal de costas".
Es más, la disposición adicional segunda del anteproyecto de ley prepara el camino para una posible batalla judicial: "La Generalitat Valenciana interpondrá recurso contencioso-administrativo contra la aprobación por la Administración General del Estado de los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y contra las disposiciones reglamentarias estatales en materia de costas, cuando afecten negativamente a los intereses públicos".
En esta línea, se advierte de que, en caso de "inactividad" del Estado a la hora de ejecutar obras de regeneración de las playas, la Generalitat acudirá también a la vía del contencioso-administrativo si no se atienden sus requerimientos.
Pero la ley introduce también la figura de los "núcleos costeros tradicionales". De nuevo, como un instrumento más para neutralizar los efectos de los deslindes. Se trata de núcleos urbanos "muy asociados a la fachada marítima tradicional valenciana", según subraya el texto, por contener elementos con gran "valor etnológico". Su supervivencia, sin embargo, está en riesgo cuando quedan afectados por la protección del dominio público costero. Para evitarlo, la Generalitat "instará al Estado su desafectación".